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La Asociación de la Prensa, APV, muestra su preocupación
por las consecuencias del cierre de la edición local de ABC

     

Valladolid 1 de Febrero de 2002

La Asociación de la Prensa de Valladolid ha analizado la situación creada con la desaparición de la edición vallisoletana del diario ABC y las consecuencias que esto traerá para la profesión periodística en nuestra provincia.

La APV entiende que la pérdida de un considerable número de puestos de trabajo, consecuencia práctica e inmediata de la decisión adoptada por la empresa editora del diario, supone un nuevo golpe a una profesión altamente precarizada y desregulada, que se adopta sin tener en cuenta el trabajo desarrollado por la redacción local de ABC, muy positivamente valorado en medios profesionales y atendiendo exclusivamente a planteamientos globales de empresa. La Asociación de la Prensa entiende que en ese planteamiento unitario de empresa cabría perfectamente que otros medios del grupo asumieran las bajas que se han producido en ABC de Valladolid, evitando así que una decisión, adoptada teniendo únicamente en cuenta estrictos planteamientos empresariales, lesionara más aún el panorama periodístico vallisoletano, en el que inciden cierres como el de la delegación de TeleMadrid y ahora el de ABC, junto a cotidianas y múltiples situaciones de desempleo y precariedad.

Pero esta decisión, con ser grave en su aspecto laboral, lo es más por cuanto significa un recorte importante de la pluralidad informativa a que la sociedad vallisoletana tiene derecho. La Asociación de la Prensa de Valladolid entiende que las empresas informativas deben ser viables económicamente, pero sin por ello olvidar el importante papel que como medios de comunicación social les corresponde, vehículos del derecho constitucional a la información que asiste a todos los ciudadanos.

Por todo ello, la APV apoya la actuación de los periodistas de ABC, en defensa de sus puestos de trabajo y del derecho de los vallisoletanos a una información plural y de calidad y, en esta línea, se dirigirá a los órganos de dirección del Grupo Correo, requiriendo el mantenimiento de los puestos de trabajo o, en su defecto, la recolocación de los periodistas en otras empresas del Grupo.